By Yazz
Shakira enfrenta una nueva acusación de la Fiscalía de España, por haber defraudado a Hacienda con más de 6 millones de euros (110 millones de pesos aproximadamente), en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, haciendo uso de un entramado societario en paraísos fiscales.
De acuerdo con medios internacionales, el Ministerio Público español presentó hace 3 meses la denuncia contra la cantante, quien ya fue notificada en su residencia de Miami, Florida, lo que dio pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abriera una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.
La intérprete de “Chantaje” y “Te felicito” será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en una audiencia programada en Barcelona donde se revisará la defraudación de 14.5 millones de euros, entre 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de esa ciudad española.
Para esta ocasión, el ministerio público planteó en su querella que la colombiana pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos, residencia que eligió tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.
Por su parte, la denuncia reciente sostiene que Shakira defraudó a la Agencia Tributaria española por 5.3 millones de euros por impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), esto por los ingresos percibidos en su gira de 2018 ‘El Dorado’, así como de la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773 mil 600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Según la querella, la supuesta defraudación se realizó con la figura de entramado societario y presentando ‘declaraciones inveraces’, en los que omitió rendimientos y aplicó deducciones de gastos que no procedían, lo que reduce la cuota de pago a Hacienda.
En este sentido, la Fiscalía sostiene que Shak cobró parte de los ingresos percibidos por la cesión de los derechos de autor, a través de una sociedad con sede en Luxemburgo, con la firma de ‘contratos simulados’, provocando que la tributación fuera ‘muy reducida’, llegando a solo el 1.39% del ejercicio del 2018.
Asimismo, la investigación discurre que la compañía luxemburguesa “era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales, sin desempeñar actividad alguna, salvo la intervención meramente formal y administrativa”.
Conjuntamente, la cantante es señalada de utilizar otra empresa, conformada en España en 2017, con la finalidad de “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes a su gira ‘El Dorado’”, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.
La acusación de la Fiscalía de Delitos Económicos agregó otras 17 sociedades ‘instrumentales’ usadas por la artista y ubicadas en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York y Liechtenstein, para gestionar los ingresos procedentes de su carrera, el mantenimiento de su patrimonio financiero e inmobiliario.